Y como hablamos de economía y empresas qué mejor que poner en  valor el modelo económico social con sus propios datos. Según los últimos datos la economía social en España la componen más de 200.000 entidades con una facturación  superior a los 116.000 millones de euros, es decir, equivalente al 10% del PIB y mas de 2.5000.000 trabajadores.

Estos datos avalan la importancia, en la economía del país,  de las empresas de la Economía Social,  y además  los datos ponen de manifiesto la eficacia económica y competitiva de dichas empresas, que a diferencia de los modelos tradicionales, aportan riqueza social porque su  valor fundamental está en la primacía de la persona y del objeto social sobre el capital,  – y por  lo  tanto aplican principios de solidaridad y responsabilidad social en su gestión- .
Las empresas de la Economía Social cohesionan el tejido social de su entorno, no se deslocalizan, generan empleo para aquellos colectivos que lo tienen más difícil como las personas con discapacidad o  colectivos en riesgo de exclusión, practican la igualdad de oportunidades. Todo esto gracias a una gestión empresarial eficaz que es capaz de conseguir beneficios y generar empleo (ver como ejemplo los resultados de Fundosa, Grupo de Empresas de Fundación Once, del  año 2010, o el grupo Clade o Mondragón Corporación.

Por todo esto es tan importante la Ley aprobada en el Congreso, pero yo diría que esta Ley debe representar el punto de partida para que las empresas de la Economía Social, representadas mayoritariamente en CEPES (Confederación Empresarial Española de Economía Social WWW.CEPES.ES ) adquieran unos derechos de interlocución social y representación  plenos, como tienen  las patronales CEOE-CEPYME.

El fin último debe ser fortalecer un modelo empresarial  que tienen en su propia esencia muchos valores que aportar a esas nuevas estructuras económicas  que todos los gurús dicen que son necesarias, pero que nadie se atreve a cambiar no sea que pierdan sus privilegios.